¿Es que nada cambia?

Luis Felipe Lagos

El año 1971, primero del gobierno de la Unidad Popular, fue un buen año para la economía chilena. El crecimiento alcanzó un 9% y el desempleo un 3,9%. Sin embargo, el déficit fiscal se elevó a 7,3% del PIB y la cantidad de dinero creció 136% (base monetaria). El programa de gobierno suponía la nacionalización de la banca, intensificación de la reforma agraria y la expropiación de muchas empresas, así como una desmesurada expansión del gasto fiscal fundada en una subutilización de la capacidad instalada en el sector manufacturero.

La inflación elevada, como la “resaca”, sólo apareció después de la farra. En 1972, llegó a 255%, pese al amplio control de precios; el déficit fiscal escaló a un 11% del PIB y la expansión monetaria a 178%. La deuda externa entró en default y se acabó el financiamiento externo. Para 1973, el desequilibrio macro era total: el déficit fiscal registró un 23% del PIB, la expansión monetaria 365% y la economía se encaminó a una hiperinflación, con una inflación de 433%.

Hoy la situación macroeconómica es mucho más sólida y no tiene comparación con la de inicios de los 70. A diferencia de esos años, cuando no fue factible aumentar la deuda pública, no sería necesario recurrir inicialmente a la inflación (impuesto no legislado) para financiar el déficit, ya que aún hay espacio para mayor deuda. Sin embargo, sí será necesaria una consolidación fiscal después de la inusitada expansión para afrontar la pandemia y recesión económica. En efecto, el gasto fiscal alcanzaría un inédito 30,5% del PIB en 2021; el déficit efectivo un 7,1% y 9,5% el cíclicamente ajustado, y la deuda bruta del Gobierno Central un 34,1% del PIB.

El programa de gobierno del candidato ganador en la primaria de la alianza de izquierda radical (FA+PC) no considera una consolidación fiscal y, por el contrario, propone aumentar drásticamente el tamaño del Estado. Esto resultará en un mayor déficit fiscal y, por consiguiente, en una deuda que se incrementa. Nótese que estabilizar la deuda en, por ejemplo, 50% del PIB requerirá reducir el déficit fiscal en torno a 1%, considerando una tasa de interés mayor a la actual (el premio por riesgo sube con el nivel de deuda a PIB) y un crecimiento de tendencia modesto.

Para hacer frente, al menos parcialmente, al mayor gasto, el programa contempla un alza gradual de 8 a 9 puntos del PIB de la recaudación tributaria. La teoría, como nuestra propia evidencia, indica que un alza de esta magnitud haría caer la inversión y estancaría la economía, no logrando el objetivo de mayor recaudación.

Lamentablemente, un gobierno de este sello también podría recurrir a los fondos previsionales que serían previamente nacionalizados (confiscados), como lo anticipan en su programa, para financiar el déficit y pagar deuda. Si el panorama se ensombrece, ya hay voces pidiendo relajar la autonomía del Banco Central en la Constitución, ya sea permitiendo acusar a los consejeros, o bien, añadiendo nuevos objetivos de crecimiento o empleo al de estabilidad de precios. Esto está a un paso de permitir el financiamiento directo del Fisco por parte del Banco Central y la vuelta de la inflación elevada.

La ausencia de un plan de consolidación fiscal en los programas de gobierno ha elevado la incertidumbre y ha provocado un alza en las tasas de interés largas. De concretarse el programa de gobierno de la izquierda, puede terminar en graves desequilibrios macroeconómicos y en una crisis económica como en los años 70. Podríamos estar nuevamente en un caso donde la historia no se repite, pero rima.